Directrices de Belfast sobre las reparaciones en las sociedades en situación de posconflicto

En los últimos treinta años ha surgido un sólido conjunto de normas y jurisprudencia internacionales sobre el derecho a la reparación de las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, junto con programas de reparación internacionales y nacionales para ofrecer reparación a las víctimas. A pesar de estos avances, sigue existiendo una brecha de aplicación y un retraso considerable entre las violaciones y la reparación que agravan las circunstancias y la calidad de vida de las víctimas, y dejan a las comunidades afectadas en situación de vulnerabilidad. Aprovechando las redes de expertos y la investigación empírica en múltiples países, estas Directrices pretenden esbozar las buenas prácticas para informar a las víctimas, los actores responsables, las organizaciones de la sociedad civil, los donantes, los responsables políticos y los administradores sobre cómo realizar las reparaciones. El objetivo es disipar parte de la complejidad que supone llevar a la práctica las obligaciones de derechos humanos en materia de reparaciones y subrayar importantes principios que guíen la concesión de las mismas.

Los procesos y programas de reparación a menudo no se aplican debido a la falta de voluntad política, a la marginación política y económica de las víctimas, a la continua inseguridad o a los abusos endémicos de los derechos humanos. En algunos casos en los que se establecen programas de reparación, las autoridades suelen carecer de los medios financieros y la capacidad técnica para aplicarlos eficazmente. Además, los programas de reparación pueden ser utilizados indebidamente por los gobiernos para evitar que las víctimas presenten nuevas reclamaciones legales ante los tribunales nacionales o los organismos regionales o internacionales de derechos humanos, o para beneficiar a los leales o a los que lucharon por el Estado. Los programas de reparación se confunden a veces con los programas de desarrollo, disminuyendo el derecho a la reparación y a las medidas adecuadas para las víctimas. El personal y las prácticas culturales institucionales de los programas de reparación también pueden adolecer de prejuicios o discriminación, lo que da lugar a una victimización secundaria que margina aún más a los que se presentan.

Aunque a menudo se invoca el coste financiero de las reparaciones para explicar por qué no se ha establecido o aplicado un programa, esto puede encubrir la resistencia de un gobierno a enfrentarse al pasado o puede representar una mala relación calidad-precio en el gasto del presupuesto del Estado. La obligación de garantizar a las víctimas una reparación adecuada, efectiva y rápida a través de las reparaciones está condicionada por el principio de proporcionalidad, en el sentido de que dichas violaciones deben ser reparadas “en la medida de lo posible” de forma que se repare adecuadamente el daño causado a las víctimas. Las reparaciones no pueden deshacer totalmente el daño causado por las violaciones resultantes de los conflictos armados, pero se necesitan recursos financieros suficientes para remediar adecuadamente algunos de los efectos continuos y permitir a las víctimas vivir una vida digna. Las reparaciones implican un compromiso financiero sustancial, pero éste puede presupuestarse a lo largo de varios años, contar con el apoyo de los donantes o utilizar una serie de herramientas de financiación innovadoras para compensar parte del coste, como la reutilización de activos sancionados que pertenecen a los autores, la condonación de la deuda financiera o el apoyo financiero internacional a cambio de compromisos de apoyo a las víctimas, cumpliendo otros objetivos de acceso a la justicia, inclusión y alivio de la pobreza. Una sociedad puede ver rentabilizada su inversión financiera en reparaciones al garantizar que los que han quedado en peor situación por un conflicto armado puedan reconstruir sus vidas, lo que puede contribuir a reducir las tensiones y la repetición de las violaciones. En este sentido, las reparaciones efectivas pueden contribuir a fortalecer el Estado de Derecho y la transición hacia sociedades más justas.

Estas Directrices están diseñadas para compartir buenas prácticas con los actores estatales y no estatales sobre la aplicación de reparaciones efectivas en situaciones de post-conflicto, con el objetivo de superar los desafíos comunes identificados en una amplia investigación y trabajo de campo realizado en varias sociedades afectadas por conflictos armados. Las Directrices se basan en entrevistas con más de 250 personas en siete países: Colombia, Guatemala, Nepal, Irlanda del Norte, Perú, Sudán del Sur y Uganda. Entre los entrevistados se encontraban víctimas, excombatientes, funcionarios gubernamentales, responsables políticos, actores de la sociedad civil, expertos y donantes. Se celebraron tres talleres en Bogotá, Ginebra y Nueva York junto con una mesa redonda de expertos para extrapolar las mejores prácticas y las lecciones aprendidas. Estas Directrices reflejan las conclusiones de un proyecto de cinco años de duración, “Reparaciones, responsabilidad y victimismo en las sociedades en transición”, financiado por el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades del Reino Unido.

Estas Directrices reconocen, se basan y complementan los fundamentos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Instrumentos Internacionales Básicos de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Convención de las Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, la Declaración de Nairobi sobre el Derecho de las Mujeres y las Niñas a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, la Nota de Orientación del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Reparación de la Violencia Sexual Relacionada con los Conflictos y la Declaración de Principios de Derecho Internacional de la Asociación de Derecho Internacional sobre la Reparación de las Víctimas de los Conflictos Armados, así como los instrumentos regionales de derechos humanos pertinentes.

Estas Directrices sobre Reparaciones en Situaciones de Sociedades Posteriores a Conflictos deben leerse a la luz de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Recurso y de Reparación de 2005, ser coherentes con el derecho internacional de los derechos humanos y aplicarse sin discriminación.

Directrices generales

Las reparaciones por las violaciones cometidas durante los conflictos armados son una práctica histórica y contemporánea en todo el mundo. Las reparaciones son también una obligación legal de los actores responsables de remediar los daños causados a las víctimas por la violación de sus derechos humanos.

1. Reparaciones para sociedades en situación de posconflicto

1. Las reparaciones son un medio para remediar el daño causado a individuos, grupos y comunidades por las atrocidades cometidas durante los conflictos armados y para asegurar la paz garantizando que las violaciones del pasado no se repitan.

1. Los conflictos armados incluyen tanto las situaciones de conflicto armado internacional entre Estados, como los conflictos armados no internacionales entre un Estado o Estados y un grupo o grupos armados no estatales.

1. El derecho internacional humanitario reconoce que las Partes en los conflictos armados internacionales son responsables de la indemnización por las violaciones, pero en virtud del derecho consuetudinario extiende estas obligaciones a los conflictos armados no internacionales. Además, la aplicación de las normas de derechos humanos en una situación de conflicto armado garantiza los derechos de los individuos y grupos a un recurso efectivo y al acceso a la justicia.

1. Dada la gravedad y las graves consecuencias causadas por las violaciones flagrantes de los derechos humanos, se necesitará una serie de medidas de reparación complementarias (restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición – Principios 19 a 23, Principios Básicos de la ONU de 2005) para reparar el daño de las víctimas de forma adecuada y eficaz. Las reparaciones por las consecuencias de los conflictos armados deben interpretarse de la manera más amplia posible para garantizar que se centran en la reparación de los daños graves, como los causados por los daños colaterales.

1. Los conflictos armados causan una serie de pérdidas generalizadas, daños duraderos y sufrimiento masivo a las personas, las comunidades, la sociedad y el medio ambiente. Los civiles suelen ser asesinados, mutilados, heridos, torturados, desplazados y sufren violencia sexual y de género y otras graves violaciones. Estas consecuencias de los conflictos armados causan daños físicos y psicológicos, y perturban las conexiones y redes sociales que normalmente apoyarían a las víctimas y ayudarían a la recuperación y el desarrollo. Los conflictos armados también dañan las infraestructuras civiles clave, lo que puede agravar la escasez de alimentos, el suministro de agua potable, la electricidad y el alcantarillado, cuyas repercusiones en la educación, la vivienda, la atención sanitaria, la nutrición y la transmisión de enfermedades pueden ser devastadoras. El medio ambiente, la tierra, la vida silvestre y los recursos naturales pueden verse profundamente afectados por los conflictos armados debido a la contaminación por armas, la polución, la pérdida de hábitats naturales y la caza furtiva de especies protegidas, por nombrar sólo algunos. Además, los conflictos armados pueden llevar a la destrucción de bienes culturales y prácticas tradicionales de las comunidades, pueblos y grupos indígenas que pueden dar lugar a la pérdida de conocimientos intergeneracionales, identidad y conexión social. Las reparaciones deben tener como objetivo remediar estos daños tan amplios y devastadores.

1. Las reparaciones son una medida necesaria para contrarrestar la impunidad de los crímenes internacionales, junto con las obligaciones de los Estados de investigar, procesar o extraditar a los responsables de dichos crímenes. Las reparaciones no sustituyen a los juicios o a los mecanismos de recuperación de la verdad y viceversa, ya que la rendición de cuentas y el acceso a la justicia son formas fundamentales de reparación. El hecho de que las víctimas acepten reparaciones no exime al Estado de su obligación de investigar, perseguir y castigar a los responsables de las violaciones, ni tampoco extingue el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. Dada la gravedad y la escala de las violaciones durante los conflictos armados, las reparaciones, junto con los juicios, la investigación y los mecanismos de recuperación de la verdad, contribuyen a remediar las violaciones del pasado y a garantizar su no repetición. Las reparaciones a menudo deben complementarse, y no sustituirse, con programas de desarrollo y asistencia para aliviar los daños causados a las comunidades, las infraestructuras y el medio ambiente como consecuencia de los conflictos armados.

1. Las medidas de reparación deben, en primer lugar, reafirmar los derechos, la dignidad y la igualdad de las víctimas, reconocer su daño, aliviar las consecuencias de las infracciones y cumplir con las obligaciones del Estado de prevenir y remediar esas violaciones. Las reparaciones pueden contribuir a esfuerzos sociales más amplios, como la reconciliación, la confianza cívica, la justicia transformadora y la paz sostenible, garantizando que las víctimas sean tratadas de manera digna, como titulares de derechos, y que la reparación contribuya a abordar las causas profundas de la violencia garantizando su no repetición.

1. En la medida de lo posible, un proceso de reparación debe ser diseñado y operado teniendo en cuenta los factores estructurales que causaron la violencia y la victimización, para evitar que se reproduzcan o que se agraven los daños mediante la provisión de reparación. Las víctimas, y otros actores relevantes, deben ocupar un lugar central en los procesos de reparación y se les debe permitir participar activamente en su diseño, implementación, monitoreo y evaluación. Un enfoque de las reparaciones centrado en las víctimas implica que sus opiniones y preocupaciones se tengan en cuenta continuamente en las decisiones de reparación y que se garantice que todo proceso contribuya a su reparación. Garantizar la inclusión de las voces y la agencia de los más afectados por el conflicto armado puede arrojar luz sobre los factores estructurales de desigualdad, violencia y victimización que siguen afectándoles y sobre la mejor manera de abordarlos. Las comisiones de investigación, los archivos, los juicios, las conclusiones de los organismos de recuperación de la verdad y otros mecanismos podrían ser útiles para descubrir estos patrones. Las reparaciones deberían estar conectadas con otros programas destinados a reparar los agravios históricos y las estructuras de marginación para maximizar los efectos de las reparaciones, como por ejemplo abordar la corrupción y la reforma institucional.

2. Responsabilidad del Estado

1. Los Estados, como signatarios de los tratados internacionales, incluidos los convenios de derechos humanos, tienen la obligación de garantizar a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos el acceso a un recurso efectivo, independientemente de que sea un agente estatal o no estatal quien cometa la violación. La falta de voluntad política no resta importancia a las obligaciones internacionales y nacionales de garantizar un recurso a las víctimas. En el caso de las violaciones cometidas por actores estatales, la reparación puede ser un medio no sólo para cumplir con sus obligaciones, sino para reparar el pasado, ganar la confianza de las víctimas y afirmar sus derechos, y contribuir a la no repetición.

1. Como parte de su responsabilidad, un Estado debe reconocer la existencia de un conflicto armado, los derechos de las víctimas y su papel en las violaciones en cualquier programa de reparación.

1. Los Estados también pueden ser responsables de las violaciones cometidas por actores privados o no estatales, ya sea por complicidad o por no haber impedido las violaciones, no haberlas protegido y no haberlas investigado. Si bien la obligación de reparar y garantizar un recurso efectivo es responsabilidad del Estado, independientemente de quién sea el responsable de la violación, los actores privados o no estatales responsables de las violaciones pueden estar obligados a aportar contribuciones financieras al Estado por las reparaciones que éste haya realizado a sus víctimas.

3. Grupos armados no estatales

1. Durante los conflictos armados, los grupos armados no estatales, cuando están suficientemente organizados y controlan el territorio o ejercen funciones similares a las del Estado, tienen obligaciones en materia de derechos humanos, incluida la obligación de garantizar un recurso efectivo a las víctimas dentro de su zona de control. Al final de las hostilidades, los grupos armados también deben contribuir a la reparación.

1. Los grupos armados no estatales pueden ofrecer indemnizaciones, disculpas, la verdad, información sobre el paradero de los desaparecidos, la restitución de bienes y garantías de que los desplazados pueden regresar a su comunidad, independientemente de que tengan o no territorio. También pueden utilizar los procesos de reparación para ofrecer garantías de no repetición, contribuyendo así a objetivos sociales más amplios de reconciliación, coexistencia y paz sostenible. Los procesos de reparación pueden proporcionar una plataforma para el diálogo entre las víctimas, la sociedad y los excombatientes que puede poner de relieve cómo los excombatientes sufrieron ellos mismos los daños, cómo y por qué se involucraron en el conflicto armado, y las consecuencias físicas, emocionales y psicológicas duraderas de su participación. La participación de los excombatientes en los procesos de reparación podría, en algunas situaciones, ayudar a prevenir su estigmatización, ayudarles a “dar sentido” a su nueva identidad tras el conflicto y permitirles “reconciliarse” con las víctimas y las comunidades afectadas por su violencia. Participar en procesos de reparación también puede transformar las relaciones de los excombatientes con otros excombatientes a los que antes se consideraba el “enemigo”, con las comunidades afectadas negativamente por su violencia y, en algunos casos, incluso con las víctimas individuales. Este compromiso no exime a los excombatientes de rendir cuentas por las violaciones de las que son responsables.

1. Los excombatientes pueden ser objeto de violaciones antes, durante o después de las hostilidades. Sus antecedentes y su carácter no pueden utilizarse para negar su derecho a un recurso efectivo. Por el contrario, sus necesidades pueden abordarse mejor a través de un programa de desmovilización y reintegración que sea sensible a las víctimas complejas.

1. Los grupos armados no estatales deben reembolsar al Estado, en la medida de lo posible, el coste de las reparaciones resultantes de las violaciones de las que son responsables y deben contribuir a los programas nacionales de reparación. Los Estados pueden incautar y liquidar los bienes legales e ilegales de los grupos armados con fines de reparación. Para asegurarse de que contribuyen a estos procesos, podrían utilizarse diferentes tipos de incentivos, siempre que no sean contrarios al derecho internacional y que las víctimas puedan participar en cualquier proceso de toma de decisiones relativo a dichos incentivos. Por ejemplo, a cambio de la restitución de los bienes, las disculpas, el esclarecimiento de los hechos, la identificación y localización de los restos y la participación en la resolución del conflicto por parte de la comunidad, entre otras cosas, se podría considerar la posibilidad de mitigar la condena penal de los autores o de concederles otros beneficios, siempre que su castigo refleje la gravedad de sus crímenes.

1. Las reparaciones pretenden remediar el daño de las víctimas y no ser punitivas. Las reparaciones pueden proporcionar una vía para que los actores responsables se hagan cargo de sus delitos y permitan su reintegración social y moral en la sociedad a largo plazo. Las reparaciones no son mercancías que se intercambian por otras prioridades políticas, sino un derecho que hay que garantizar.

4. Otros actores no estatales responsables

Otros actores, como los organismos religiosos, las instituciones culturales, el personal de mantenimiento de la paz y las empresas, que participan o son cómplices de las violaciones también pueden ser responsables de las reparaciones. Los Estados y los actores no estatales son responsables de la entrega de reparaciones a las víctimas en función de su conexión causal con las violaciones y el daño resultante de sus actos y omisiones durante el conflicto armado. La obligación de garantizar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo y la entrega de reparaciones recae en el Estado, con los esfuerzos correspondientes o coadyuvantes de los actores no estatales en función de su responsabilidad en las violaciones.

5. Víctimas

1. De acuerdo con el Principio 8 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Recurso y Reparación de 2005, las víctimas son aquellas personas, ya sea individualmente, colectivamente y/o como entidad jurídica, que han sufrido daños como resultado directo de violaciones manifiestas de los derechos humanos y/o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Los familiares directos y las personas a cargo de una víctima pueden reclamar reparaciones por los daños sufridos como consecuencia de las violaciones. También se pueden conceder reparaciones a “las personas que hayan sufrido daños al intervenir para ayudar a las víctimas en peligro o para prevenir la victimización”. Lo que constituye un familiar directo dependerá del contexto social y cultural de la víctima. Otros miembros de la familia ampliada podrían ser considerados como familia si existe un vínculo emocional estrecho entre la víctima directa de las violaciones y los demás miembros de la familia, si hay dependencia económica de unos respecto a otros o, en cualquier caso, si han sufrido daños como consecuencia de las violaciones. Aunque un “vínculo emocional estrecho” puede depender del contexto sociocultural de una víctima, también puede reflejar su proximidad, dependencia y convivencia con quienes fueron asesinados o sufrieron violaciones.

1. Las organizaciones, las instituciones y las áreas protegidas también pueden ser reconocidas como víctimas, dado el daño que pueden sufrir las instituciones sociales (por ejemplo, los hospitales), las organizaciones culturales (por ejemplo, las religiosas) y el medio ambiente durante los conflictos armados. Para llevar a cabo las reparaciones para estas víctimas legales y naturales, puede ser apropiado consultar y facilitar la participación de los grupos de víctimas relevantes relacionados con dichas instituciones o áreas protegidas.

1. Los niños tienen su propio derecho a las reparaciones, independientemente de sus padres. Las reparaciones para los niños víctimas de conflictos armados deben estar en sintonía con el impacto a largo plazo durante los años de formación de su vida y la probabilidad de vivir durante décadas con su daño. Los niños nacidos como resultado de una violación tienen su propio derecho a reparaciones separadas de sus madres, para reflejar los daños específicos sufridos y la necesidad de medidas adecuadas para repararlos. Para que puedan acceder a las reparaciones es fundamental que su derecho a la identidad sea debidamente reconocido y puesto en práctica por los Estados.

1. Las víctimas experimentan el daño de diferentes maneras. Los Estados y otros organismos deben ser conscientes del impacto que la violencia tiene sobre los individuos y los grupos, en función de su género, orientación sexual, raza, edad, discapacidad, etnia, posición socioeconómica y cualquier otra característica o identidad, así como de la forma en que dicho daño puede cruzarse entre múltiples características o formas de identidad. La posibilidad de acogerse a un programa específico de reparaciones puede depender entonces del tipo de violación, del daño causado y de la reparación adecuada, lo que puede implicar dar prioridad a los recursos para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o han sufrido las violaciones más graves. En el proceso de solicitud y determinación puede ser importante consultar a las víctimas para asegurarse de que disponen de una vía efectiva para expresar sus opiniones y preocupaciones sobre su daño y las medidas de reparación adecuadas.

1. Las víctimas que sufren un daño basado en su identidad compartida, su asociación con un grupo o un tipo de daño colectivo pueden identificarse como víctimas colectivas. Son las víctimas las que deciden si quieren identificarse como parte de un colectivo en beneficio de las reparaciones o recibirlas individualmente. Tanto si se entregan individualmente como colectivamente, las víctimas siguen teniendo un derecho individual a las reparaciones. Estas medidas deben determinarse, en consulta con las víctimas, como apropiadas y eficaces para reparar el daño causado. Las reparaciones colectivas deben aplicarse sólo en relación con quienes han sufrido la violación de sus derechos. Deben responder a los distintos daños de las víctimas y deben diseñarse con la participación y la apropiación de las víctimas de los grupos, pueblos o comunidades afectados. El proceso de toma de decisiones y de participación debe respetar las estructuras de gobierno existentes de los grupos étnicos, indígenas y otros. En la medida de lo posible, las reparaciones colectivas deben reflejar la comprensión del daño, la identidad, los derechos y las reparaciones del colectivo. A la hora de diseñar los programas de reparación, deben tenerse en cuenta las interpretaciones alternativas de los daños por parte de quienes los experimentaron, especialmente los pueblos indígenas, los grupos tribales y los afrodescendientes. Esto incluye ser sensible a sus cosmovisiones, derechos colectivos y conexión con su entorno.

1. La condición de víctima de un individuo no queda anulada por sus acciones o su carácter en el pasado. Esto incluye a las personas con condenas penales, a los miembros de organizaciones terroristas o grupos armados no estatales, a los agentes estatales individuales implicados en violaciones y a los miembros de empresas cómplices de atrocidades que han sido o se han convertido en víctimas. La gravedad de las violaciones manifiestas de los derechos humanos o de las violaciones graves del derecho internacional humanitario exige un recurso. Los Estados podrían establecer vías de reparación separadas para los excombatientes y los autores que también son víctimas, a fin de atender sus necesidades de reparación y reintegración.

1. Las reparaciones deben adoptar un enfoque sensible al género en su diseño y aplicación para remediar adecuadamente la forma en que los conflictos causan daños diferenciados. Las reparaciones también deben incluir a las personas y comunidades LGBTIQ+ en términos de comprensión y respuesta a los daños particulares, individuales o colectivos, que puedan haber sufrido.

6. Participación y movilización de las víctimas

1. Las víctimas tienen derecho a una participación efectiva y significativa en cada etapa de un programa de reparación, desde su diseño hasta su aplicación, seguimiento y evaluación. La participación debe ser transparente y regular para evitar malentendidos y desconfianza. La participación puede adoptar diferentes formas, desde el compromiso directo, la representación colectiva, la correspondencia y las consultas virtuales o electrónicas. El Estado debe procurar que las víctimas se apropien de los procesos de reparación, lo que a su vez puede garantizar medidas de reparación más eficaces y adecuadas. Si las víctimas lo solicitan, debe facilitarse la cocreación de las reparaciones siempre que sea posible. Es necesario lograr un delicado equilibrio entre las víctimas que ejercen su agencia a través de la participación y las que no quieren participar en absoluto, de modo que un programa proporcione medidas de reparación proporcionadas y adecuadas a todas las víctimas. En el caso de las que no quieran comprometerse directamente con las instituciones del Estado, esa participación con un programa de reparación podría facilitarse con el apoyo de las redes de la sociedad civil en las que las víctimas puedan confiar más. El apoyo financiero a la sociedad civil y a las organizaciones de víctimas, ya sea a través de programas financiados por el Estado o por donantes, puede desempeñar un papel importante a la hora de permitir que las víctimas se movilicen y participen en el diseño y la aplicación de la reparación.

1. La participación debe tener lugar teniendo en cuenta el género, la etnia, la raza, la edad, la situación socioeconómica, las formas de victimización y otros factores que pueden generar barreras para la participación activa de las víctimas en el diseño, la aplicación y el seguimiento de las reparaciones. La participación debe diseñarse de forma que sea respetuosa con otros puntos de vista y tradiciones.

1. La participación debe tener como objetivo situar a las víctimas en el centro del diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las reparaciones. Las reparaciones pueden ser un proceso centrado en las víctimas al permitirles expresar sus opiniones, necesidades, expectativas y daños. La consulta y la participación deben ser continuas, promover el diálogo y ser un medio para informar de las expectativas de las víctimas y reafirmar sus derechos. La participación de las víctimas no debe ser una disposición superficial o vacía, sino que debe contribuir a la evolución continua de un programa de reparación y a la transformación personal de las víctimas.

1. El personal de un programa de reparación y quienes apoyan a los solicitantes deben tratar a las víctimas con empatía. El proceso de solicitud no debe ser un interrogatorio, sino un proceso de verificación respetuoso con la dignidad de la víctima y su papel central en el proceso. Debe impartirse formación sobre los derechos de las víctimas, el tratamiento del trauma, la escucha activa y la protección de datos a todas las personas que estén en contacto con las víctimas en un proceso de reparación, a fin de minimizar la victimización secundaria.

1. La unión de las víctimas para movilizarse en torno a su derecho a una reparación efectiva por las violaciones que han sufrido es una parte importante para impulsar la voluntad política de que se establezcan programas de reparación. Las organizaciones de víctimas desempeñan un papel integral en el fortalecimiento colectivo de las demandas de reparación de las víctimas, así como en el apoyo a su bienestar. No todas las víctimas tienen que formar parte de una organización de víctimas y debe considerarse la posibilidad de garantizar el acceso efectivo a la reparación para todas las víctimas, estén o no afiliadas a una organización.

1. Los Estados deben esforzarse por llevar a cabo una amplia consulta sobre el desarrollo de una política de reparaciones con las comunidades afectadas y las principales partes interesadas, incluidos los actores no estatales responsables de las violaciones, para aumentar la visibilidad de la cuestión y permitir una amplia gama de aportaciones sobre su aplicación. Puede ser necesario establecer mecanismos específicos, como paneles representativos u órganos de seguimiento, para permitir la participación efectiva de las víctimas transnacionales, los refugiados o los desplazados internos. La consulta debe complementarse con programas de información en los idiomas pertinentes y medios audiovisuales para informar a las víctimas de sus derechos y de las prácticas comparativas de forma que las entiendan, de modo que estén informadas y puedan hacer aportaciones a estos procesos.

1. Cuando sea apropiado para garantizar la participación, los programas de reparación deben adoptar un enfoque territorial con oficinas regionales de divulgación dedicadas, dotadas de personal local de diversos orígenes. Dichas oficinas locales deberían actuar como puntos de contacto a través de los cuales se pueda contactar y proporcionar información a las víctimas y a las comunidades afectadas de forma continua. En el caso de las poblaciones de víctimas refugiadas o exiliadas, la información sobre el programa y la presentación de solicitudes debería facilitarse a través de las oficinas de divulgación internacionales y/o las embajadas.

7. Papel de la sociedad civil, la comunidad internacional y los donantes

1. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la aplicación de las reparaciones, ya sea visibilizando las demandas de las víctimas, avanzando en las reclamaciones, proporcionando apoyo o espacios seguros, dando acceso a las redes de defensa a través de la experiencia técnica y jurídica en los litigios, e incluso prestando servicios. Aunque la obligación de proporcionar reparación corresponde al Estado y a los que perpetraron las violaciones, la sociedad civil es esencial para que cualquier esfuerzo de reparación sea adecuado, rápido y eficaz. Las organizaciones de la sociedad civil suelen trabajar junto a las víctimas, les informan de sus derechos y aportan experiencias comparativas sobre la práctica de la reparación. Aprender de otras experiencias es importante para evaluar cómo se pueden llevar a cabo las reparaciones, aunque las prácticas no puedan reproducirse en todos los contextos. La defensa de la sociedad civil y la participación de las víctimas desempeñan un papel integral a la hora de contextualizar las reparaciones y hacerlas efectivas y apropiadas para las sociedades post-conflicto.

1. La comunidad internacional y las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, según corresponda, deben esforzarse por incluir el derecho a la reparación en las negociaciones y debates sobre la resolución de conflictos, la paz y la seguridad, así como promover mecanismos internacionales y regionales para hacer realidad el derecho de las víctimas a un recurso efectivo.

1. A la hora de financiar a la sociedad civil y a las organizaciones de víctimas, los donantes deben reconocer que la defensa y el activismo en torno al diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de los programas de reparación pueden llevar muchos años, si no décadas, por lo que debe considerarse el apoyo a largo plazo. La financiación de las actividades y programas de la sociedad civil debe ser considerada por los donantes como una parte clave de la construcción de la paz y la transformación del conflicto.

1. Los esfuerzos para reparar el pasado llevados a cabo por la sociedad civil y las propias víctimas, por ejemplo a través de proyectos de conmemoración, documentación y dignificación, pueden ser vitales para apoyar y complementar las reparaciones y desencadenar la acción del Estado. No obstante, las iniciativas de la sociedad civil no pueden sustituir por sí mismas la aplicación de las reparaciones por parte de los responsables de las violaciones.

1. Otros actores no responsables de la sociedad, como los actores religiosos, los líderes comunitarios y las empresas, pueden desempeñar un papel clave en el apoyo a los esfuerzos de reparación y no repetición.

8. Reparaciones provisionales

1. Todas las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos o de violaciones graves del derecho humanitario tienen derecho a una pronta reparación, independientemente del lugar donde vivan o del contexto o las circunstancias que rodeen su victimización. Esto significa que, incluso durante los conflictos armados y en los Estados frágiles, las reparaciones deben ponerse a disposición de las víctimas aunque la única forma disponible sea la reparación provisional debido a la inseguridad, la falta de capacidad institucional y los limitados recursos financieros. La provisión de medidas de reparación provisionales tiene por objeto mitigar las necesidades urgentes de las víctimas causadas por los daños sufridos, más que equivaler a un cumplimiento pleno de la obligación de reparación.

1. Durante las hostilidades, el Estado y, en determinadas circunstancias, los grupos armados no estatales tienen obligaciones primarias en virtud del derecho internacional humanitario de aliviar el sufrimiento de los civiles y de los que están fuera de combate, incluidos los detenidos; prestar ayuda y asistencia médica; buscar, recoger y evacuar a los heridos, los enfermos y los náufragos; y devolver los restos y los efectos personales de los muertos. Estos deberes son distintos de las reparaciones, que cumplen con las obligaciones secundarias de remediar los incumplimientos de las obligaciones primarias de los actores estatales y no estatales.

1. La asistencia humanitaria es un derecho importante de las víctimas en tiempos de conflicto armado para mitigar los peores efectos de la guerra y garantizar que las personas tengan acceso a las necesidades básicas para vivir una vida digna. Las iniciativas de desarrollo para reconstruir las infraestructuras y las oportunidades de las comunidades afectadas por los conflictos armados suelen llegar tras el cese de las hostilidades. La asistencia se dirige a los necesitados, y el desarrollo pretende beneficiar a la sociedad en su conjunto o a las poblaciones afectadas por el conflicto. Las reparaciones pretenden remediar el daño sufrido por las víctimas en base a la violación de sus derechos. Para responder eficazmente a las violaciones, las reparaciones deben establecerse para toda la vida de la víctima, mientras que los programas de asistencia o desarrollo suelen seguir planes temporales fijos que reflejan las prioridades de financiación de los donantes o la supervisión de los gastos. Es necesario un enfoque a más largo plazo de las reparaciones, la asistencia y el desarrollo para responder adecuadamente a las necesidades de las víctimas y las comunidades afectadas. Los gobiernos deben reconocer y abordar los legados del conflicto a través de sus planes nacionales de desarrollo, pero deben mantener las reparaciones como un proceso distinto que complementa, y no sustituye, los esfuerzos de desarrollo.

9. Enmendar las cosas

Durante los conflictos armados, las partes beligerantes pueden reparar a los civiles afectados por las operaciones de combate, pero a menudo esto no cumple con la obligación de hacer reparaciones efectivas en las sociedades post-conflicto. Las reparaciones se refieren a los pagos ex-gratia (sin culpa) a los civiles por las pérdidas o el sufrimiento causado por las operaciones militares. Aunque las reparaciones no equivalen a un resarcimiento, deben guiarse por los principios de participación de las víctimas, acceso y no discriminación, e ir más allá de la indemnización para aliviar las consecuencias a corto plazo de la violencia. No se debe exigir a las víctimas que firmen renuncias para liberar a los responsables de futuras obligaciones legales a cambio de dichas reparaciones. Si se les exige que las firmen, esas renuncias no les quitan el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Cuando se llevan a cabo de forma adecuada, las reparaciones pueden servir para reconocer el daño de las víctimas, así como para reducir la animosidad y las tensiones de la comunidad.

10. Las reparaciones como parte de la justicia transicional integral

Los mecanismos de reparación deben establecerse en coordinación con otros mecanismos de justicia transicional a nivel nacional y, si procede, a nivel transnacional o internacional, y complementarlos. No se trata de sugerir un conjunto de herramientas o un enfoque secuencial; las reparaciones son políticamente controvertidas y técnicamente complejas, y cada contexto debe encontrar su propio camino para reparar el pasado, siempre que se realice dentro de las normas internacionales. La recuperación de la verdad, la rendición de cuentas, la investigación de antecedentes, la reforma institucional y las reparaciones son mecanismos complementarios que se superponen para dar una respuesta integral a la hora de reparar el pasado y evitar que continúen las violaciones. Las reparaciones deben ofrecerse junto con otros programas de construcción de la paz y transformación de conflictos, como el desarme, la desmovilización y la reintegración de los combatientes, para minimizar las tensiones por el hecho de que los excombatientes se beneficien del apoyo antes que las víctimas civiles. Es posible que estos procesos deban conectarse con los organismos de recuperación de activos o las comisiones de corrupción para captar los factores estructurales más amplios de la violencia y maximizar los recursos del Estado.

Marco administrativo

11. Consideraciones generales

1. Un programa de reparación debe guiarse por la sencillez para garantizar la accesibilidad y agilizar las indemnizaciones a las víctimas. Los procedimientos complejos o los requisitos probatorios onerosos probablemente excluyan a más víctimas, aumenten los costes operativos y puedan ser en sí mismos una fuente de daños. Después de un conflicto armado en el que hay una victimización masiva, las reparaciones deben ser entregadas a través de un sistema eficaz para administrar de manera rentable y centrada en la víctima medidas que sean rápidas, adecuadas y eficaces para un gran universo de víctimas.

1. En el caso de los conflictos armados internacionales, un programa de reparación puede adoptar diversas formas, como un organismo interestatal, una comisión de reclamaciones, un organismo de arbitraje o de reparación establecido en cada Estado para administrar las reparaciones efectuadas por el Estado responsable. Esto no debería ser un intercambio de los costes del conflicto armado entre Estados, sino que debería dar lugar a la entrega de reparaciones a las víctimas. Los Estados tienen la obligación de entregar reparaciones a las víctimas dentro de su jurisdicción. Estos programas de reparación pueden utilizar los activos congelados y sancionados de los actores responsables para financiar las medidas de reparación. El uso de estos activos, especialmente cuando son de propiedad del Estado, también puede ser necesario en los esfuerzos de reconstrucción, lo que requiere un equilibrio entre las necesidades en competencia y los derechos de propiedad.

1. En los conflictos armados no internacionales, el Estado puede establecer un programa de reparación durante el conflicto o tras el cese de las hostilidades, ya sea a través de un programa administrativo o de reclamaciones de las víctimas ante los tribunales o los órganos judiciales y semijudiciales. La existencia de un programa administrativo de reparación no excluye el derecho de las víctimas a reclamar una reparación ante los tribunales. Sin embargo, si una víctima obtiene una reparación adecuada, rápida y efectiva a través de un programa de reparación nacional, y prosigue el litigio ante un tribunal, es posible que la sentencia judicial deba tener en cuenta lo que la víctima ya ha recibido por el daño causado por la misma violación y viceversa. Los programas de reparación deben crearse por el tiempo que necesiten para completar su mandato y tener suficiente autoridad para soportar los cambios políticos. Cuando un país haya establecido múltiples programas de reparación que se solapen, se debe intentar racionalizar y coordinar sus marcos y enfoques.

1. Las reparaciones pueden concederse a las víctimas a través de tribunales nacionales o internacionales, programas administrativos y/o foros tradicionales. Aunque hay que esforzarse por minimizar las disparidades y evitar una jerarquía entre los diferentes sistemas y garantizar la complementariedad entre los diferentes recursos, las víctimas tienen derecho a acceder a todos los recursos disponibles para obtener una reparación adecuada. Esto es especialmente relevante en relación con los Estados federales, donde los programas de reparación pueden variar en lo que proporcionan a las víctimas dentro de un país. En estos contextos políticos, los Estados tienen la obligación de garantizar que el derecho a la reparación se proporcione de una manera que no distinga entre la ubicación de las víctimas, y siempre teniendo en cuenta el derecho a la igualdad y a la no discriminación. En el caso de los foros tradicionales utilizados para apoyar las reparaciones, será necesario incluir garantías procesales para evitar la marginación o las prácticas discriminatorias de determinados grupos, en particular las mujeres.

1. Si bien los Estados tienen la obligación primordial de proporcionar reparaciones a las víctimas, si no lo hacen a través de recursos internos efectivos, ya sean judiciales o no judiciales, otros organismos, como los órganos supranacionales de derechos humanos, podrían adquirir jurisdicción para resolver estas cuestiones. Al hacerlo, los mecanismos supranacionales deberían aprovechar toda la información pertinente para decidir cuál es la mejor manera de abordar las reclamaciones de reparación, incluso teniendo en cuenta los testimonios de las víctimas, las opiniones de los expertos y las visitas in situ, entre otras cosas. Los órganos supranacionales también podrían ofrecer a las partes un espacio de conciliación o diálogo para que se pueda diseñar y aplicar una hoja de ruta adecuada para las reparaciones. En su caso, los organismos supranacionales pueden tener en cuenta los procesos de reparación existentes a nivel nacional, de modo que las decisiones internacionales maximicen el impacto de cualquier reparación para las víctimas.

1. Los programas de reparación deben establecerse sobre una base legal autorizada, como un acto legislativo o un decreto presidencial. Este marco jurídico, basado en la consulta y en un proceso participativo, debería establecer la finalidad, los beneficiarios, las formas de reparación, los requisitos que deben cumplirse, la duración del programa y los responsables de su aplicación. La creación de cualquier programa administrativo de reparación debe basarse en un mapeo lo más preciso posible de las violaciones y victimizaciones, y en una cuantificación adecuada del coste de dicho programa durante su vigencia, así como de la procedencia de los recursos para financiarlo. Un programa administrativo debe tener como objetivo evaluar y aplicar las reparaciones lo antes posible y estar preparado para proporcionar apoyo a las víctimas durante toda su vida, cuando proceda. Para que estos programas puedan cumplir sus mandatos, es necesario que se les otorguen las competencias necesarias dentro de la jerarquía del Estado. Deben existir mecanismos de control para supervisar el trabajo y el impacto de los programas nacionales de reparación.

1. Las víctimas deben tener acceso tanto a servicios de apoyo para ayudarles a solicitar reparaciones como a asistencia psicosocial durante todo el proceso. Las víctimas pueden recibir apoyo en el proceso de solicitud por parte de las organizaciones de la sociedad civil, ya sea financiado por el Estado o por los donantes, para permitir una cobertura y un acceso suficientes a las poblaciones afectadas. Cualquier coste financiero o de otro tipo en el que se incurra al solicitar reparaciones debe ser mitigado por el Estado, como rellenar formularios, proporcionar pruebas médicas o viajar a centros urbanos, desarrollando un proceso que sea accesible, fácilmente comprensible y sensible a la capacidad y necesidades de las víctimas.

1. Deben tomarse medidas para garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad, como las desplazadas por la fuerza o las que han sufrido lesiones graves, puedan acceder a una pronta reparación para mitigar el deterioro de su situación. Deben considerarse medidas provisionales para aliviar a las víctimas que sufren más daños. En este contexto, debe prestarse especial atención a los niños, incluidos los niños soldados y los nacidos de una violación, los ancianos y las personas con discapacidad, y las víctimas de la violencia sexual y de género, entre otros. La priorización para acceder a determinadas formas de reparación puede ser una herramienta necesaria y legítima si es razonable, justificable y necesaria.

1. La preocupación de un Estado por el hecho de que las reparaciones beneficien o acaben en manos de grupos armados no estatales no es un motivo para negar o retener el derecho a la reparación. Una víctima tiene derecho a la reparación y a un recurso efectivo por las violaciones, sin importar su origen o sus asociaciones familiares.

1. Se podría desarrollar una estrategia de comunicación sobre cómo, cuándo y con qué frecuencia se comunicará con las víctimas. Esta estrategia debe basarse en los principios de una comunicación efectiva y regular con las víctimas para mantenerlas informadas de la evolución de los acontecimientos y tratarlas de forma respetuosa y digna. Todo programa de reparación debe utilizar una serie de formatos, como los medios de comunicación, el boletín oficial, las redes sociales u otros medios culturalmente apropiados, para informar a las víctimas de la oportunidad y de su derecho a solicitar el programa. Es importante atender las consultas de las víctimas a través de diversos sistemas de respuesta, como el teléfono, el correo electrónico, la mensajería segura y el correo postal. La visibilidad pública y la comunicación de las novedades pueden ser asistidas a través de un sitio web para informar regularmente a las víctimas, señalar otros servicios de apoyo y responder a las preguntas más frecuentes. En entornos con pocos recursos, la comunicación debe realizarse a través de la radio local, los periódicos y otros medios que la población local utilice habitualmente.

1. Un organismo independiente debe supervisar la aplicación de los programas de reparación, ya sea a través de un panel, un foro o una comisión con representación de los organismos gubernamentales implicados, las víctimas y la sociedad civil. Esta supervisión debe informar periódicamente, tener un mandato independiente y estar facultada para hacer peticiones, realizar investigaciones y asesorar a los funcionarios del gobierno para mejorar el programa de reparación. Todos los informes deberían ser de acceso público. El trabajo de este organismo podría incluir los mecanismos de supervisión del Estado existentes, como un defensor del pueblo, una comisión de derechos humanos o un comité legislativo.

12. El alcance de la elegibilidad en los programas de reparación administrativa

1. Las reparaciones deben estar disponibles para todas las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En cuanto a quién puede optar a las reparaciones , el alcance de un programa administrativo podría determinarse en función de sus parámetros temporales respecto a cuándo se produjeron las violaciones, los tipos de violaciones en cuestión y su alcance jurisdiccional y territorial. El Estado debería definir de forma amplia y precisa el conflicto armado para incluir una gama más amplia de incidentes relacionados con el conflicto que deban ser reparados, como los daños colaterales.

1. Los requisitos de elegibilidad deben ser proporcionales y eficaces para responder a la situación de las víctimas, la gravedad de la violación y la necesidad de garantizar una reparación efectiva. Los requisitos de elegibilidad deben ser revisados a lo largo del tiempo para garantizar que siguen siendo adecuados para el contexto en el que se aplican y eficaces para proporcionar reparación a todas las víctimas.

1. Los programas de reparación administrativa pueden ofrecer un proceso más expeditivo a las víctimas mediante umbrales de prueba más bajos que reduzcan la carga de la prueba que tienen que demostrar y fundamentar sus reclamaciones. Esto puede incluir la aceptación de las reclamaciones dentro de una matriz aceptada de hechos o patrones de violencia, la corroboración con registros en poder del Estado, informes periodísticos y las conclusiones de una comisión de la verdad, una comisión de investigación o una comisión de esclarecimiento histórico. El Estado debe presumir, de buena fe, que las reclamaciones de las víctimas son ciertas, y la carga de probar que no es así recae sobre el Estado. Otras presunciones de daño pueden ser apropiadas para aliviar la carga probatoria en el caso de ciertas violaciones (por ejemplo, en relación con las personas que fueron vistas por última vez bajo la custodia del Estado) y en relación con los grupos vulnerables de víctimas, como las sometidas a violencia sexual, las nacidas como resultado de una violación o las gravemente heridas y discapacitadas.

1. Las declaraciones juradas de las víctimas y los testigos pueden utilizarse para corroborar las denuncias de las víctimas, pero esto puede crear dificultades en el caso de violaciones cometidas clandestinamente, como la violencia sexual, las desapariciones y la tortura. Los certificados de defunción pueden estar disponibles para los asesinados, pero no deben exigirse en relación con los desaparecidos. Para facilitar el beneficio más amplio para los que más sufren, los Estados que aplican las reparaciones deben considerar las presunciones probatorias, la inversión de la carga de la prueba o los umbrales probatorios más bajos que se aplican en relación con ciertas violaciones (por ejemplo, en relación con los torturados o desaparecidos y vistos por última vez bajo la custodia del Estado) y para las víctimas vulnerables (por ejemplo, las víctimas de violencia sexual y de género y los niños nacidos como resultado de una violación).

1. El proceso de evaluación puede dividirse en diferentes categorías o etapas para acelerar las reclamaciones, de acuerdo con la obligación de garantizar una pronta reparación. Esto puede incluir la priorización de la evaluación de las víctimas que sufren violaciones continuas, como las desapariciones y la violencia sexual, la categorización de las reclamaciones más pequeñas que necesitan una revisión “más ligera” que las reclamaciones más grandes, o la participación de las organizaciones de víctimas o de la sociedad civil para administrar ciertas medidas de reparación cuando sea apropiado. Como alternativa, se puede utilizar un proceso de selección inicial (por ejemplo, un sistema de semáforo en el que verde = cumple los criterios de elegibilidad y tiene pruebas suficientes, ámbar = cumple los criterios de elegibilidad, pero necesita más pruebas, rojo = no cumple los criterios de elegibilidad) para facilitar las evaluaciones de determinación posteriores mediante la codificación de las solicitudes.

1. La situación de determinadas víctimas debe tenerse en cuenta a la hora de exigir determinados documentos probatorios. Por ejemplo, los niños nacidos como consecuencia de una violación, los desplazados internos, los refugiados y los apátridas pueden carecer de documentos de identificación. En el caso de las víctimas con lesiones graves, las evaluaciones no invasivas, como una revisión médica o de discapacidad, sólo deben llevarse a cabo con el consentimiento de la víctima, de forma gratuita y por personal capacitado, de manera que se respete su dignidad, y sólo cuando no haya suficiente información ya en los registros del gobierno o de la sociedad civil.

13. Solicitud y registro de la víctima

1. Los datos sobre la victimización deberían recogerse a través de un registro de víctimas para ayudar a corroborar las reclamaciones de las víctimas a través de la información en los registros gubernamentales y en el dominio público. El registro debe incluir tanto a las víctimas individuales como a las colectivas, así como todas las violaciones relevantes por las que las víctimas sufrieron daños. La confidencialidad es un derecho de la víctima, no del Estado.

1. Deben diseñarse formularios de solicitud sencillos y fáciles de usar para las víctimas, en papel y/o en línea, para que los rellenen con sus datos personales y la información pertinente sobre su pérdida, lesión o daño. Los formularios de solicitud deben estar disponibles en los idiomas utilizados por las víctimas, junto con versiones accesibles y en braille. En el caso de las víctimas analfabetas, las organizaciones de la sociedad civil financiadas deberán prestarles asistencia para que puedan rellenar sus formularios de solicitud.

1. Los formularios de solicitud y otros datos recogidos de otros organismos y agencias relevantes deberían consolidarse en un registro nacional. Dichos datos deben mantenerse de forma confidencial, con obligaciones claras de divulgación sobre cómo deben tratarse dichos datos y con qué fines, y hasta qué punto pueden acceder a ellos las víctimas y las organizaciones que trabajan en las reparaciones de acuerdo con el consentimiento de las víctimas. Todos los registros deben mantenerse de acuerdo con el derecho de las víctimas a la privacidad y en línea con las mejores prácticas de protección, almacenamiento y manejo de datos.

1. Puede ser necesario ampliar el periodo de registro para permitir que se registren las víctimas que no habían oído hablar del plan o que inicialmente no podían acogerse a él. La necesidad de ampliar el período de registro es especialmente importante en relación con las víctimas vulnerables que se enfrentan a obstáculos como la estigmatización, la marginación, el desplazamiento o los problemas de seguridad actuales para hablar de su sufrimiento a otras personas o para registrarse para obtener reparaciones en una etapa posterior.

14. Financiación, gestión de riesgos y garantías financieras

1. Los Estados deben establecer una línea presupuestaria específica durante varios años para financiar de forma sostenible las reparaciones para todas las víctimas dentro de un programa de reparación. Los programas de reparación complejos se aplican a menudo durante más de una década y, por lo tanto, la planificación presupuestaria debe considerarse bajo este supuesto.

1. Los programas administrativos de reparación no deben ser sistemas excesivamente costosos y burocráticos que tengan poco impacto en la realización del derecho de las víctimas a la reparación. Los costes operativos deben minimizarse para garantizar que los recursos se maximizan para las víctimas. Aquellos que proporcionan financiación a un programa de reparación son también responsables de supervisar el gasto y garantizar la debida diligencia y el impacto. Estos presupuestos deben estar disponibles públicamente y ser auditados, y deben estar bajo supervisión financiera con informes periódicos sobre los gastos.

1. La financiación procedente de otras fuentes puede utilizarse para complementar o compensar los programas de reparación presupuestados por el Estado o para proyectos específicos asignados en consulta con las víctimas afectadas. Los bienes incautados y liquidados a efectos de un programa de reparación deben ser dispuestos con prontitud y eficacia para su uso por las víctimas.

15. Reglamentos administrativos

A la luz de las orientaciones anteriores, esta sección esboza una versión en miniatura de las normas que deben considerarse para el marco jurídico de un programa de reparación. Los reglamentos de los programas de reparación deben estar disponibles públicamente en los idiomas pertinentes de las víctimas, y guiarse por las siguientes disposiciones:

• El personal designado para el programa administrativo debe estar formado para centrarse en las víctimas y ser sensible al trauma en su trabajo. El personal debe reflejar una amplia gama de habilidades y experiencias, incluyendo conocimientos jurídicos, antropológicos, financieros y médicos.
• Un programa de reparación debe evitar causar una victimización secundaria a los que le preceden, adoptando un enfoque de “no dañar” en su funcionamiento.
• Deben existir mecanismos internos de reclamación para atender las quejas de las víctimas de forma rápida y eficaz, con recurso a un órgano o comisión independiente para las quejas inadecuadamente atendidas o las faltas de conducta. Cuando se hayan agotado los procesos de apelación internos del programa de reparación administrativa, las víctimas podrán recurrir a los tribunales.
• Los jefes o directores de un programa de reparación deben tener la experiencia y la alta autoridad moral necesarias para ganarse el respeto y la confianza de las víctimas. Deben ser capaces y estar dispuestos a ejercer sus funciones de manera independiente, imparcial y sensible. No deben tener ningún conflicto de intereses financiero o de otro tipo en el desempeño de sus funciones.
• Los programas administrativos deben contar con un consejo de administración que pueda supervisar, asesorar y analizar el trabajo y el impacto del programa. Este órgano debe incluir a diversos representantes de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, así como a otras partes interesadas.
• El programa debe establecer un enfoque centrado en las víctimas en el ejercicio de su mandato, por ejemplo, definiendo cómo participarán las víctimas a lo largo del proceso y estableciendo órganos permanentes clave para la participación de las víctimas.
• Debe detallarse claramente qué personas, grupos y dependientes pueden solicitar la ayuda.
• Debe proporcionarse información sobre cómo pueden solicitarla las víctimas y los criterios de elegibilidad que deben cumplir para ser beneficiarios de las reparaciones. Estos criterios facilitan el acceso rápido y efectivo a la reparación y eliminan cualquier carga innecesaria para las víctimas.
• Debe crearse un registro de víctimas que dé cuenta de todas las víctimas individuales y colectivas que se clasifiquen como tales. Este registro debe tener y respetar las normas de protección de datos y privacidad en el tratamiento y almacenamiento de los mismos.
• Un formulario de solicitud de la víctima suele incluir ciertos datos, como el nombre de la víctima, la fecha y el lugar de nacimiento, el sexo, la dirección postal, los nombres de sus padres (si se conocen), el número del documento de identidad (pasaporte, permiso de conducir, documento nacional de identidad), el tipo de violación/daño sufrido, la fecha y el lugar del incidente o incidentes, los detalles y/o la narración de las violaciones, cualquier prueba de corroboración o testigo, cualquier persona a cargo o cuidador, y un espacio para indicar qué reparaciones adecuadas desearían recibir dado el alcance del programa. Para aquellas víctimas que no tengan en su poder o nunca hayan recibido documentos de identificación personal, debe desarrollarse un proceso para proporcionarles la documentación pertinente de forma gratuita. Esto es a menudo una barrera para acceder a un recurso para los niños nacidos como resultado de una violación, los grupos indígenas y los desplazados o apátridas. En cualquier caso, la falta de un documento de identificación per se no debería utilizarse para negar el acceso a las reparaciones.
• Las formas de reparación y los beneficios que podrían recibir las víctimas a través de un programa de reparación deben quedar claros para la transparencia y para informar de sus expectativas.
• Los principios que guían el proceso de toma de decisiones sobre cómo se evalúan y determinan las reclamaciones deberían establecerse en la normativa. Estos deberían incluir, como mínimo, los principios de dignidad, enfoque centrado en la víctima, no discriminación, rapidez, eficacia, no hacer daño, interseccionalidad y accesibilidad.
• Los resultados de las decisiones deben comunicarse rápidamente a los solicitantes por escrito y en un idioma que entiendan, indicando los motivos de la decisión, si son o no elegibles, a qué tienen derecho y, en su caso, el proceso de apelación. Las cartas dirigidas a los solicitantes seleccionados deben, en su caso, reconocer al individuo o al colectivo como víctima, especificar por qué incidentes, explicar a qué medidas tienen derecho y proporcionar información de seguimiento sobre los pasos siguientes. Estas cartas son una forma clave de reconocimiento.
• Los informes anuales y la contabilidad de las actividades del programa de reparaciones deben ponerse a disposición del público, incluyendo la divulgación de todos los fondos recibidos y el desglose de los gastos; las reparaciones implementadas hasta el momento; cómo se ha comunicado con las víctimas, cómo se ha involucrado en las consultas y cómo ha participado en el programa; el desglose demográfico y geográfico de los beneficiarios; y otra información relevante para evaluar la implementación efectiva del mandato de reparaciones de dicho mecanismo.